A principios de este mes, el Parlamento de Ruanda redujo la edad legal para acceder a la atención de salud reproductiva de 18 a 15 años. Esto significa que los y las jóvenes a partir de 15 años ya no necesitarán el consentimiento de sus padres para obtener anticonceptivos en un centro médico.
Este cambio se ha producido con el objetivo de eliminar las barreras que impiden a los y las jóvenes tomar decisiones informadas y oportunas sobre su cuerpo. Esta decisión responde al aumento persistente de los embarazos adolescentes, los abortos inseguros y las oportunidades perdidas de recibir atención. Refleja la realidad de que las personas jóvenes ya se enfrentan a estos retos sin el apoyo adecuado.
Como Médicos por la Elección (MDFC), nos complace ver que el Gobierno da este importante paso hacia el reconocimiento de la realidad de la vida de las personas jóvenes y el aumento de su acceso a una atención sanitaria que puede salvarles la vida.
¿Qué significa la sentencia para los/las jóvenes de Ruanda?
Estamos a la espera de una orden ministerial con más información del Ministerio de Salud, pero sabemos que, en virtud de esta nueva ley, los/las adolescentes ahora pueden acceder a:
- Educación sexual integral (ESI)
- Apoyo a la salud menstrual
- Servicios de anticoncepción
- Servicios de detección del VIH y las ITS
Esto es importante porque elimina una barrera importante para la atención de esta población. Respeta su derecho a tomar decisiones informadas. Y ayuda a prevenir los embarazos no planeados en adolescentes y a reducir los riesgos derivados de los abortos inseguros.
Además, esta ley abre la puerta a soluciones de salud digitales a través de su Reglamento de Salud Digital. Si bien los servicios de salud sexual y reproductiva en Ruanda han requerido tradicionalmente visitas presenciales, esta reforma crea un espacio para promover y aplicar intervenciones digitales. Esto podría incluir la telemedicina para la atención del aborto seguro, el asesoramiento anticonceptivo en línea, las consultas virtuales sobre derechos sexuales y reproductivos y otros servicios de apoyo a distancia. Esto supone un cambio hacia la integración de la tecnología en la prestación de servicios de derechos sexuales y reproductivos, ampliando el acceso y reduciendo las barreras de acceso, especialmente para los/las jóvenes y las personas de zonas desatendidas.
¿Cómo se produjo este cambio legal?
Este cambio no se produjo en una sola sesión parlamentaria. Se gestó durante años, impulsado por la labor de incidencia persistente de la sociedad civil, sobre todo de la Coalición por los Derechos Sexuales y Reproductivos y la Salud de Ruanda, de la que MDFC es miembro fundador. A través de la Coalición, participamos activamente en la sensibilización sobre la necesidad de mejorar la atención a los/las adolescentes mediante la participación en debates parlamentarios, además de contribuir a cambiar la opinión pública durante los últimos cinco años.
En 2011, el Ministerio de Salud publicó una Política de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos de los Adolescentes, en la que se reconocía el aumento de las tasas de embarazo adolescente y la necesidad de contar con servicios de salud reproductiva adaptados a esta población. Esta política exigía mejorar la educación sexual, crear espacios adaptados a los/las adolescentes en los centros de salud y llegar a esta población. Sin embargo, se quedó en una directriz política; el acceso de los menores a los servicios seguía estando restringido por la ley (por lo general, se requería el consentimiento de los padres para los menores de 18 años).
En mayo de 2016 se produjo un hito cuando el Parlamento aprobó la primera ley integral de salud reproductiva. La ley afirmaba que toda persona que hubiera alcanzado la mayoría de edad (18 años) tenía derecho a tomar decisiones sobre su propia salud reproductiva, «con sujeción a las disposiciones de otras leyes». Sin embargo, la ley mantenía en la práctica el requisito de que los menores de 18 años obtuvieran el consentimiento de sus padres para acceder a la mayoría de los servicios de salud reproductiva.
En el mismo periodo, Ruanda también reformó sus leyes sobre el aborto. Una revisión de 2012 del Código Penal y una orden ministerial de 2019 permitieron el aborto en casos excepcionales (violación, incesto, matrimonio forzado o riesgo para la salud) y, en 2018, la ley se liberalizó aún más, eliminando el requisito de una orden judicial y permitiendo a los médicos aprobar abortos legales en circunstancias definidas.
A finales de la década de 2010, Ruanda se enfrentaba a un preocupante aumento de los embarazos adolescentes, lo que mantuvo la salud y los derechos sexuales y reproductivos de los menores en el punto de mira a nivel nacional. El porcentaje de niñas que habían comenzado a tener hijos aumentó de aproximadamente el 4 % en 2005 a más del 7 % en 2015, y siguió aumentando. Las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los jóvenes se hicieron más activos para instar al gobierno a eliminar las barreras que impedían a los/las adolescentes proteger su salud. Insistieron en que la estricta edad mínima de 18 años para acceder a los servicios contribuía a la epidemia de embarazos adolescentes, al excluir a la población adolescente sexualmente activa de la anticoncepción e incluso de una educación sexual adecuada en los centros de salud. En 2019-2020, los llamamientos para reducir la edad de consentimiento para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva cobraron impulso, allanando el camino para la adopción de medidas legislativas.
En octubre de 2022, el Parlamento rechazó el proyecto de ley sobre anticonceptivos para adolescentes. La oposición cultural y religiosa influyó mucho en este resultado: los parlamentarios expresaron su preocupación de que permitir a las jóvenes de 15 años obtener anticonceptivos pudiera fomentar la promiscuidad adolescente y socavar los valores ruandeses. Esta derrota parlamentaria en 2022 supuso un revés temporal en la cuestión de la edad legal de consentimiento para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, también impulsó el debate público. Los medios de comunicación y las redes sociales en Ruanda se llenaron de opiniones, y muchos defensores de los jóvenes y organizaciones de la sociedad civil instaron a los legisladores a reconsiderar la cuestión. El tema no desapareció, sino que sentó las bases para futuras revisiones en el marco de una reforma más amplia de la legislación sanitaria.
Tras años de preparación, debates y persistencia, el Ministerio de Salud de Ruanda introdujo una importante reforma de su marco jurídico en materia de salud. El 4 de agosto de 2025, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de servicios de salud, una ley integral que regula los servicios de salud en Ruanda. Esta ley consolida y actualiza varias leyes anteriores en un solo estatuto moderno. Introdujo una serie de innovaciones en la prestación de servicios de salud, pero lo más relevante es que abordó las deficiencias que existían desde hacía mucho tiempo en materia de derechos de salud sexual y reproductiva. Las áreas clave reformadas en esta ley incluyen: la regulación de la salud digital, las tecnologías de reproducción asistida (TRA), la reducción de la edad de consentimiento para acceder a los servicios de salud, la inclusión de la salud mental, el reconocimiento de la telemedicina y la protección de los derechos de los pacientes.
¿Cuál será el impacto de este cambio legal?
En la práctica, este cambio abre puertas, pero no significa automáticamente que los servicios serán accesibles, libres de estigma o disponibles de manera uniforme en todo Ruanda. La victoria legal es una base. Convertirla en acceso real requiere el tipo de cambio de sistemas, formación de proveedores y armonización de políticas en los que trabaja MDFC cada día.
La ley es un gran avance, pero no es la meta final. MDFC la considera la base para abordar las barreras operativas e institucionales más profundas que aún persisten. En muchos centros de salud, por ejemplo, las políticas internas ilegales siguen bloqueando el aborto seguro a pesar de la orden ministerial que amplía progresivamente el derecho al aborto, y el mandato ampliado para los centros de salud sigue siendo inutilizable sin telemedicina.
A través de nuestro trabajo apoyado por SAAF, impulsado por este reciente proyecto de ley, estamos abordando estas deficiencias directamente, abogando por reformas en las políticas hospitalarias para que cumplan con la ley y creando vías de telemedicina para que la atención al aborto sea posible en los centros de salud. Nuestro objetivo es garantizar que estos derechos legales estén respaldados por sistemas funcionales, proveedores capacitados y la concienciación de la comunidad, de modo que a nadie se le niegue la atención a la que tiene derecho.
Por Richard Mbazumutima, director de Programas, Educación e Investigación de Medical Doctors For Choice (MDFC), una organización asociada a SAAF en Ruanda.