Enero de 2026 marca un nuevo capítulo en el sistema de justicia penal de Indonesia. El nuevo Código Penal ha entrado oficialmente en efecto, junto con la Ley de Ajuste de las Disposiciones Penales. Entre los numerosos cambios introducidos, el aborto se incluye como una de las principales «reformas» legales.
En virtud del artículo 463(2) del nuevo Código Penal, el aborto solo está permitido en dos situaciones: cuando el embarazo es consecuencia de una agresión sexual y tiene menos de 14 semanas, o cuando el embarazo supone una emergencia médica. La ley también permite la administración de medicamentos abortivos en estos casos limitados.
El gobierno ha calificado estos cambios como un avance. Pero, en realidad, no son suficientes.
La nueva ley sigue tratando el aborto como un delito, no como una prestación sanitaria.
El aborto sigue estando ampliamente prohibido, con excepciones muy limitadas que son difíciles, si no imposibles, de acceder en la práctica. En lugar de reconocer el aborto como parte de los servicios esenciales de salud pública, el Estado sigue recurriendo al castigo y al control penal.
Sobre el papel, las leyes vigentes permiten el aborto en casos limitados. En la práctica, el acceso sigue sin estar claro. El Ministerio de Salud no ha designado centros de salud autorizados para prestar servicios de aborto seguro. Como resultado, las excepciones legales que ofrecen el nuevo Código Penal y la Ley de Salud existen principalmente en teoría, no en la vida real. Peor aún, los cambios pueden hacer que el acceso sea más difícil que antes. Los servicios de aborto se limitan a centros de salud avanzados y solo pueden ser prestados por especialistas en obstetricia y ginecología. Las sobrevivientes de violencia sexual también deben obtener documentación de las autoridades relevantes. Estos requisitos retrasan la atención, aumentan el estigma y someten a las sobrevivientes a una presión innecesaria. Para muchas, funcionan como barreras, no como salvaguardias.
Este enfoque ignora la realidad a la que se enfrentan millones de personas en Indonesia.
Los embarazos no planeados siguen siendo comunes. Estos embarazos no son simplemente el resultado de «decisiones individuales», sino de fallas estructurales: acceso limitado a la anticoncepción, educación deficiente en materia de salud sexual y reproductiva y servicios inadecuados para las sobrevivientes de violencia sexual.
La violencia sexual en sí misma sigue siendo generalizada. Entre 2018 y 2023, Komnas Perempuan registró 103 denuncias de violación que dieron lugar a embarazos no planeados. Para las sobrevivientes, el embarazo puede ser una continuación del trauma. Obligar a las personas a llevar el embarazo a término o a resolver complejos obstáculos legales para acceder al aborto no es protección. Genera daño.
Las consecuencias son visibles más allá del embarazo en sí. En 2024, la Oficina de Estadística de Indonesia (BPS) informó de que el 4,58 % de los niños menores de cinco años reciben cuidados inadecuados, lo que supone un aumento con respecto a años anteriores. Esto demuestra cómo la continuación forzada de embarazos no planeados puede dar lugar a situaciones en las que los niños se crían sin el apoyo suficiente. Al mismo tiempo, la Mortalidad materna sigue siendo alarmantemente alta, con 4129 muertes maternas registradas en 2023. No se trata de cifras abstractas, sino que reflejan pérdidas de vidas que se podrían haber evitado.
Indonesia aún no ha creado un sistema que apoye el aborto seguro como parte de la Justicia reproductiva.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva mucho tiempo afirmando que el aborto es una atención sanitaria esencial. La OMS también recomienda la mifepristona y el misoprostol como medicamentos abortivos seguros y eficaces. Estos métodos reducen significativamente las complicaciones y las muertes maternas. Sin embargo, Indonesia sigue prohibiendo la circulación de la mifepristona y continúa dando prioridad a la criminalización sobre la atención médica.
Las pruebas a nivel mundial son claras: prohibir el aborto no detiene los embarazos no planeados. La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor del 45 % de los abortos en todo el mundo son inseguros, principalmente en los países en desarrollo. Indonesia no es una excepción. Las leyes restrictivas crean un acceso desigual: quienes tienen dinero pueden encontrar opciones más seguras, mientras que las personas más pobres y marginadas se enfrentan a riesgos para la salud y a cargos penales. En este sistema, la ley no protege la vida. Protege los privilegios.
Si Indonesia se toma en serio la Justicia reproductiva, la reforma legal debe ir más allá.
El aborto debe ser despenalizado. Deben eliminarse las barreras administrativas. Se debe permitir que los centros de atención primaria y los médicos generales presten asistencia. Deben ponerse a disposición medicamentos para el aborto seguro, de acuerdo con las directrices de la OMS.
Sin estos cambios, las nuevas disposiciones sobre el aborto del Código Penal son poco más que simbólicas. No salvan vidas. No protegen a las sobrevivientes. Y no garantizan la dignidad. Lo que Indonesia necesita no es una reforma parcial, sino una voluntad política real de tratar la salud reproductiva como una cuestión de justicia, no como un delito.
Por Maidina Rahmawati, subdirectora del Instituto para la Reforma de la Justicia Penal, organización socia de SAAF en Indonesia.