Durante más de una década, el mensaje «legal, seguro y libre» se ha utilizado en la lucha por la despenalización del aborto. Ha inundado las calles y ha sido el centro de conversación y polémica. México se posiciona actualmente como uno de los países con la legislación más progresista en materia de aborto de la región. Sin embargo, en la práctica, la lista de pendientes para que el aborto sea realmente legal, seguro y libre, y sobre todo accesible, sigue siendo larga y compleja.
Hace más de 15 años, la Ciudad de México introdujo el derecho a la interrupción del embarazo para mujeres y personas con capacidad gestante.
Este paso fue seguido por otros estados hace apenas un par de años.
Esto ha servido de hito para que las mujeres y personas con un embarazo no deseado puedan acceder ahora a abortos gratuitos en hospitales públicos, pero como en muchas luchas humanas, la victoria fue parcial, en primera, porque solo permite tener abortos de manera libre y legal en las primeras 12 semanas con 6 días de gestación, y en segunda, porque la legislación estatal no está unificada con la nacional.
En México existen tres grandes sistemas de salud:
· Secretaría de Salud Pública: donde las modificaciones legales al acceso al aborto seguro y gratuito tienen un impacto inmediato. Cualquier persona puede acceder a estos servicios de salud, pero se da preferencia a quienes no tienen acceso a los otros dos sistemas de salud, y a veces incluso se les niega la atención si ya pertenecen a ellos.
· Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): brinda servicios de salud y seguridad social a personas trabajadoras en el ámbito privado.
· Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): presta servicios de salud y seguridad social a las personas que trabajan para alguna dependencia del gobierno.
La compleja red de diferentes sistemas de atención en salud y jerarquías jurídicas ha dado lugar a obstáculos para acceder a abortos legales.
Aunque tanto el IMSS como el ISSSTE también subsisten con recursos públicos nacionales, operan como instituciones independientes y, por lo tanto, se rigen por leyes nacionales y no estatales. Así, aunque ha habido avances en las leyes estatales y en los códigos penales, ni el IMSS ni el ISSSTE prestan este servicio porque a nivel nacional las leyes no han avanzado a la par.
Esto significa que, en un mismo estado, como Hidalgo, por ejemplo, el Aborto es un derecho si se realiza bajo la Secretaría de Salud del Estado y un delito ante el IMSS o el ISSSTE.
Lo más frustrante es que, hasta el momento, ninguna de las dos instituciones ha iniciado algún intento real por sensibilizar y/o capacitar a su personal en este tema. También hay una falta de datos formales sobre cuántas solicitudes de servicios de aborto han recibido o de seguimiento sobre dónde acudieron las personas para los procedimientos.
El costo de abortar, en nuestra sociedad llena de prejuicios, no es sólo monetario, sino también social.
En un contexto en el que el acceso al aborto sigue sin estar garantizado a pesar de su (ya confusa) legalidad, las personas tienen que enfrentarse a un sistema de salud público que no está unificado, que está lleno de obstáculos y en el que siguen siendo maltratadas debido al estigma.
La solución más fácil y rápida para quienes tienen la posibilidad económica es acudir a servicios privados de aborto dentro de su estado (si existen) o viajar a la Ciudad de México. Para quienes no tienen el dinero y no cuentan con más información sobre el uso del misoprostol o sobre redes de acompañamiento feministas, las opciones se reducen aún más: recurrir a un procedimiento inseguro… o resignarse a continuar con el embarazo.
Para quienes lucharon por el derecho y acceso al aborto seguro, la victoria legal duró poco. Apenas días después, las activistas seguían necesitando exigir servicios al personal médico y acompañar y apoyar a quienes buscan medicación para abortar, debido a los vacíos en la prestación del Estado.
Así que la «Marea Verde» continúa la lucha y nuestro lema sigue siendo válido: Legal, seguro, gratuito, pero también amoroso y accesible.
En Hidalgo, el tercer estado mexicano donde se despenalizó el aborto, Di RAMONA se une a Abortistas MX para promover las modificaciones legales necesarias para que IMSS y el ISSSTE realicen abortos seguros.
Incansables y fuertes, a esta estrategia se han sumado activistas de todo el país, cada quien desde su territorio. Porque ninguna se detiene, porque las historias que escuchan las impulsan a defender vidas dignas y la libertad de decidir sobre sus propios cuerpos.
Sonora, Veracruz, Oaxaca y Baja California son algunos de los estados que ya han comenzado a trabajar en el amparo. Tenemos una meta en común: algún día, todo México será territorio seguro para que las mujeres y personas con capacidad gestante decidan sobre sus vidas, protegidas por la ley y bajo el cuidado de todos los sistemas de salud.
Por Sonia Rueda Olvera y Di RAMONA.
Di RAMONA es una Organización financiada por SAAF con sede en Hidalgo, México, que se centra en el acceso al aborto, la vida sin estigma para las personas que viven con el VIH, la prevención del abuso sexual infantil y la salud mental para las personas LGBTIQ+.
Sonia Rueda, es una periodista hidalguense que ha hecho una cobertura sensible y sin estigmas a diversos temas de la agenda feminista local, entre ellos, el acceso al aborto legal, y gratuito.