El aborto es legal en Kirguistán, al menos en el papel. Sin embargo, durante muchos años, esta situación legal no siempre se tradujo en un acceso real, oportuno y seguro para las mujeres y las niñas.
Las regulaciones obsoletas y los requisitos complejos crearon una brecha entre la ley y la práctica. Los prestadores de servicios de salud han estado operando en condiciones de incertidumbre, mientras que quienes buscaban estos servicios se enfrentaban al estigma, los retrasos y los riesgos. Tener derecho al aborto en teoría no siempre ha significado tener acceso a los servicios en la práctica.
Pero con el apoyo del Fondo de Acción por el Aborto Seguro (SAAF), en la Alianza para la Planificación Familiar (FPA) nos hemos centrado en cerrar esta brecha mediante una incidencia constante para cambiar las directrices nacionales. Y ahora, por primera vez, las regulaciones nacionales sobre el aborto reflejan el derecho legal de la mujer a interrumpir un embarazo si así lo solicita.
Las mujeres ya no tienen que «dar razones» por las que necesitan realizar la interrupción del embarazo, ahora tienen derecho al aborto si lo solicitan.
La normativa sobre el aborto se actualizó en diciembre de 2025.
Era necesario actualizar la normativa anterior para reflejar las directrices clínicas, las normas internacionales y la legislación vigentes. La normativa anterior mantenía requisitos excesivos y enfoques obsoletos, como la necesidad de indicaciones sociales para acceder a la Interrupción del embarazo entre las 12 y las 22 semanas, lo que reforzaba el estigma, complicaba el acceso y creaba incertidumbre jurídica para los proveedores y las pacientes. Anteriormente, la interrupción por «indicaciones sociales» durante este periodo de gestación requería una justificación documentada (por ejemplo, la muerte del esposo o la prueba de que el embarazo era consecuencia de una violación). Estos documentos justificativos debían ser aprobados por un comité que se reunía una vez a la semana. Por supuesto, la eliminación de estos requisitos adicionales mejorará el acceso y eliminará la necesidad de que las mujeres «demuestren» su idoneidad para recibir servicios de aborto.
Esto supone un importante paso histórico para los derechos reproductivos de las mujeres en Kirguistán.
Hemos asistido a un cambio de las restricciones controladoras a la seguridad, la dignidad y la elección. En 2024, iniciamos un proceso con el Ministerio de Salud para implementar una reforma integral de la política nacional y del marco normativo y financiero de los servicios de aborto seguro.
Esto condujo a la adopción de una normativa revisada con la eliminación completa de los indicadores sociales para la interrupción del embarazo, la modernización de las normas de prestación de servicios en línea con las directrices de la OMS y, por primera vez, la inclusión de los servicios de Aborto seguro en el paquete básico de servicios médicos del Programa de Garantías Estatales, lo que garantiza la prestación gratuita a todos los ciudadanos registrados.
La incidencia de la FPA se centró no solo en la actualización de la normativa, sino también en su aplicación práctica en el sistema de salud.
Un logro clave fue la inclusión de los servicios de aborto seguro en el Programa de Garantías del Estado para la atención médica. Por primera vez en la historia de Kirguistán, estos servicios pasaron a formar parte del paquete básico, lo que aumentó considerablemente la sostenibilidad institucional y la accesibilidad para las mujeres. Los cálculos financieros mostraron que el costo per cápita es mínimo, lo que lo hace sostenible y viable para el sistema de salud, al tiempo que es de vital importancia para la salud de las mujeres.
El acceso al aborto va más allá de la clínica.
Nuestra experiencia nos muestra que el acceso real al aborto seguro no solo depende de la disponibilidad en los centros médicos, sino también de su integración en el sistema de salud pública.
La inclusión de los servicios de aborto seguro en la prestación de asistencia médica del Estado supuso un avance sistémico. El servicio dejó de ser una excepción o un área de incertidumbre y pasó a estar oficialmente garantizado, reconocido y respaldado por el Estado.
Para las mujeres, esto supone cambios reales:
• mayor asequibilidad de los servicios de aborto;
• una comprensión clara de que el servicio es legal y está garantizado;
• una reducción del miedo y el Estigma a la hora de buscar atención;
• vías más transparentes para acceder a los servicios;
• una mayor conciencia de sus derechos y opciones;
• una mayor confianza en el sistema de salud.
Así, el derecho al aborto seguro ha comenzado a hacerse realidad en la práctica.
Se trata de un cambio vital, pero aún queda mucho por hacer.
Para las mujeres y las niñas de Kirguistán, la brecha entre los derechos formales y el acceso real puede significar la diferencia entre una atención segura y graves riesgos para la salud.
El éxito que hemos visto en la modernización de la normativa sobre el aborto demuestra que la incidencia es una herramienta práctica que conecta la política, la atención médica y la vida real de las mujeres.
El apoyo del Fondo de Acción por el Aborto Seguro (SAAF), implementado a través de la Alianza para la Planificación Familiar (FPA), hizo posibles estos cambios. El siguiente paso es la implementación sostenible, la capacitación de los trabajadores de la salud, la protección de los datos médicos y el monitoreo de la calidad del servicio para garantizar que el Derecho al aborto seguro funcione realmente para todas las mujeres de Kirguistán.
Por Baktygul Bozgorpoeva, Alianza para la Planificación Familiar (FPA), organización socia del SAAF en Kirguistán.