En Armenia, y en todo el mundo, la lucha por el derecho al aborto está profundamente entrelazada con el nacionalismo, la militarización y el control estatal sobre los cuerpos de las mujeres. Lejos de ser únicamente una cuestión de acceso a la atención médica, el aborto se ha convertido en una herramienta política utilizada por quienes están en el poder para regular las decisiones reproductivas de las mujeres. En Armenia, las restricciones al aborto revelan cómo los cuerpos de las mujeres se tratan cada vez más como un campo de batalla simbólico en el que convergen los temores demográficos, los valores patriarcales y las ansiedades de la posguerra.
Desde el colapso de la Unión Soviética, el discurso estatal armenio y las narrativas nacionalistas han vinculado sistemáticamente las funciones reproductivas de las mujeres con la idea de la «supervivencia nacional». Este planteamiento se ha intensificado en los últimos años, especialmente tras la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020 y las crisis de seguridad posteriores. La retórica pública centrada en la pérdida de soldados, el descenso de la natalidad y la necesidad de «revitalizar la nación» presenta cada vez más la maternidad como un deber patriótico más que como una elección personal.
Dentro de esta lógica militarizada, el aborto se suele presentar como un fracaso moral o incluso como una traición al futuro de la nación.
Las decisiones reproductivas individuales de las mujeres se replantean como cuestiones de seguridad nacional, en las que la autonomía personal se subordina a la supervivencia colectiva. Las mujeres se transforman en «madres de la nación» simbólicas, de las que se espera que respondan a las inquietudes demográficas, en lugar de ser reconocidas como ciudadanas autónomas con derechos.
Estas narrativas son políticamente estratégicas. Al enmarcar el control reproductivo como una necesidad demográfica, las fuerzas patriarcales y nacionalistas despolitizan la equidad de género y desvían la atención de los fallos estructurales sociales, económicos y de seguridad. Se instrumentaliza el trauma de la guerra y los cuerpos de las mujeres se convierten en lugares de control político en lugar de autonomía.
El aborto es legal en Armenia hasta las 11 semanas y seis días de embarazo.
Más allá de este periodo, el acceso está estrictamente limitado a motivos médicos o sociales específicos. Aunque este marco legal reconoce formalmente el aborto como un derecho, en la práctica el acceso sigue estando muy limitado.
Las mujeres que desean abortar están sujetas a un periodo de espera obligatorio de tres días, durante el cual deben someterse a un asesoramiento obligatorio. Este asesoramiento a menudo transmite información falsa sobre las supuestas consecuencias físicas y psicológicas negativas del aborto, en lugar de proporcionar información neutral y basada en pruebas. Estas medidas no están diseñadas para apoyar la toma de decisiones informadas, sino para disuadir a las mujeres de ejercer su derecho legal.
Al mismo tiempo, los avances recientes demuestran que el cambio es posible gracias a la incidencia feminista sostenida. En 2024, como resultado de los constantes esfuerzos de incidencia de nuestra organización, Women’s Resource Center, Armenia introdujo el aborto con medicamentos autogestionado hasta las ocho semanas de embarazo a través de centros de salud comunitarios/policlínicas. Anteriormente, el aborto con medicamentos solo se permitía en entornos hospitalarios. Este cambio ha mejorado significativamente el acceso, especialmente para las mujeres que viven fuera de las grandes ciudades, y representa un paso importante hacia la armonización de la práctica nacional con las normas sanitarias internacionales.
Las mujeres de Armenia siguen enfrentándose a graves obstáculos estructurales y sociales para acceder al aborto.
A pesar del acceso legal y de las recientes mejoras, el estigma que rodea al aborto sigue estando muy extendido, reforzado por los discursos nacionalistas y morales sobre la feminidad y la maternidad. Muchas mujeres temen el juicio de los prestadores de servicio de salud, los miembros de su familia o sus comunidades y, por lo tanto, retrasan o evitan buscar atención.
La negación de atención por parte de los prestadores de servicios de salud es otro obstáculo importante. A las mujeres se les niegan con frecuencia los servicios sin que se les remita a otros prestadores, lo que las obliga a buscar una solución por su cuenta en el sistema. Esto es especialmente perjudicial en las zonas rurales, donde las opciones de atención médica son limitadas.
El costo restringe aún más el acceso. Los servicios de aborto se pagan en gran medida de su propio bolsillo, lo que los hace inaccesibles para muchas mujeres, especialmente aquellas en situaciones económicas precarias. Además, el acceso a información confiable y precisa sigue siendo inconsistente. Las mujeres a menudo dependen de redes informales o fuentes en línea, lo que aumenta el riesgo de desinformación y prácticas inseguras.
Para comprender mejor estas realidades, recientemente hemos realizado una encuesta en línea sobre el acceso al aborto y las barreras relacionadas. Muchos testimonios anónimos destacaron los retos recurrentes a lo largo del proceso de aborto, entre ellos la culpa y el juicio por parte de los proveedores de atención médica, la falta de información clara, la denegación de la atención y el alto costo de los servicios. Estas experiencias confirman que el acceso legal sobre el papel no se traduce automáticamente en una atención segura, digna y asequible.
El derecho al aborto seguro es fundamental.
El aborto es un derecho sobre el que muchas mujeres se sienten presionadas a guardar silencio. El Estado intenta activamente disuadir a las mujeres de tomar lo que califica como una «decisión equivocada», mientras que la sociedad refuerza la idea de que el aborto «no es apropiado para una mujer armenia». Sin embargo, el aborto sigue siendo un servicio médico vital y necesario para muchas personas.
En el Women’s Resource Center, creemos firmemente que el aborto debe protegerse como un derecho fundamental de las mujeres.
El acceso al aborto es una cuestión de salud, no un privilegio ni una expresión de la buena voluntad del Estado.
No podemos luchar de manera significativa por los derechos de las mujeres, ya sea por la igualdad salarial, la participación política o la protección contra el acoso sexual en el trabajo, mientras se restringe la autonomía reproductiva de las mujeres. El control sobre el propio cuerpo es la base de la igualdad. Sin el respeto al derecho al aborto, todas las demás luchas por la equidad de género siguen siendo incompletas.
Proteger el acceso al aborto en Armenia significa resistirse a la instrumentalización de los cuerpos de las mujeres, desafiar las narrativas militarizadas y patriarcales y afirmar el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre sus propias vidas, libres de coacción, estigma y control estatal.
Por Anna Hovhannisyan, directora de Incidencia del Women’s Resource Center (Centro de Recursos para Mujeres), organización asociada a SAAF en Armenia.