Cuando se habla de violencia de género (VG), a menudo se piensa en formas de violencia física, sexual y psicológica. Sin embargo, la violencia de género va más allá de las formas directas de violencia e incluye la violencia estructural y sistémica, como el acceso restringido al aborto seguro. Limitar el aborto legal y seguro no sólo viola la autonomía corporal, sino que pone en peligro la salud, la seguridad e incluso la vida de las mujeres. Esto es especialmente cierto en casos en los que personas se encuentran en situaciones de marginalización debido a la intersección de identidades.
El 25 de noviembre, la Alliance of Women Advocating for Change (AWAC) se unió a la comunidad mundial para observar los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que culminarán pronto, el 10 de diciembre, con el Día de los Derechos humanos. Convocamos a líderes de las trabajadoras sexuales y a representantes de la comunidad de toda Uganda para deliberar sobre las formas de violencia física, sexual y psicológica a las que se enfrentan las trabajadoras sexuales. Esto incluía centrarse en la violencia estructural y sistémica, como el acceso restringido al aborto seguro en Uganda.
Durante los debates, las participantes destacaron que las restricciones al aborto no sólo les niegan su derecho a la salud, sino que también agravan su vulnerabilidad a todas las formas de violencia durante y después de solicitar atención para abortar.
Las líderes de las trabajadoras sexuales compartieron historias de sus comunidades que revelaron cómo las restricciones al acceso al aborto son innegablemente una forma de violencia de género.
Describieron consecuencias especialmente terribles para las mujeres y las personas marginadas con vulnerabilidades múltiples e interrelacionadas.
«Las trabajadoras sexuales se encuentran con clientes que se niegan a utilizar preservativos. Algunos agujerean los preservativos y otros las violan y terminan quedándose embarazadas, algo que no habían planeado. En la mayoría de los casos, estas trabajadoras sexuales no tienen información ni acceso a métodos anticonceptivos y siempre querrán interrumpir el embarazo, pero cuando se lo niegan, esto las tortura emocional, económica e incluso mentalmente. Es más, la mayoría de ellas acaban teniendo abortos inseguros que aumentan su dolor emocional y físico».
Líder de trabajadoras sexuales, distrito de Wakiso
Las trabajadoras sexuales acusaron a los encargados de hacer cumplir la ley, a los responsables políticos, a las parejas de las personas embarazadas, a los padres y a los líderes de la comunidad de impedir que las que buscan abortar lo hagan, convirtiéndolos en autores de este tipo de violencia. Desgraciadamente, en todas las estadísticas de violencia de género del país, la violencia de género relacionada con el aborto no se documenta en ninguna parte, ni las personas que sufren violencia de género relacionada con el aborto tienen ningún tipo de reparación por parte de las autoridades y los agresores.
En Uganda, las normas culturales y las leyes restrictivas crean un entorno en el que la violencia de género prospera sin control.
Las mujeres y niñas que toman decisiones autónomas sobre su cuerpo a menudo se enfrentan a la reacción violenta de la sociedad y de quienes las rodean. La restricción del acceso al aborto seguro se basa explícitamente en el género, y sólo afecta a quienes pueden quedar embarazadas: predominantemente las mujeres, pero también los hombres trans y las personas no binarias. Más aún, a quienes se sitúan estructuralmente en la periferia de la sociedad. Para los hombres trans que sufren una violación correctiva, la violencia estructural del aborto restringido es como una recompensa para el perpetrador y una experiencia traumática para el superviviente de la violencia de género.
Sin acceso a un aborto seguro, el peso de un embarazo no planificado y no deseado recae exclusivamente sobre la persona embarazada, lo que repercute en su bienestar físico, emocional y económico. Las restricciones sociales y legales que limitan el acceso al aborto suelen estar diseñadas y mantenidas por estructuras patriarcales. Esto refuerza un desequilibrio de poder entre los sexos en el que a las mujeres, especialmente a las marginadas por las mismas estructuras patriarcales, se les niega la agencia sobre sus propios cuerpos.
Restringir el aborto es negar la autonomía corporal y es una forma de coacción.
El embarazo forzado somete a las personas a resultados que alteran su vida y que no han consentido, mientras que las consecuencias -como la maternidad forzada, la interrupción de la educación, los riesgos para la salud y las tensiones económicas- recaen exclusivamente sobre la persona que lleva el embarazo. Esta focalización en las mujeres y las minorías de género subraya la discriminación de género en las restricciones al aborto, que perpetúa la desigualdad sistémica y la violencia de género.
Además, las restricciones al aborto afectan de forma desproporcionada a los grupos marginados, que se enfrentan a dificultades especiales para buscar asistencia sanitaria y acceder a ella. Por ejemplo, las trabajadoras sexuales ya están criminalizadas y estigmatizadas, y se enfrentan a importantes barreras para acceder a servicios de salud. Debido a su situación de marginación, muchas se ven obligadas a recurrir a prácticas de aborto inseguras. El estigma social que rodea al aborto amplifica la discriminación que sufren estos grupos marginados. Este estigma impone el silencio y el aislamiento, haciendo que estas personas se sientan avergonzadas por buscar el control sobre su propia salud sexual y reproductiva.
El estigma relacionado al aborto es una forma de violencia psicológica que crea un ambiente de vergüenza, culpa y miedo, particularmente para aquellos que ya están marginados.
Las trabajadoras sexuales declararon que sufren traumas emocionales, ansiedad y depresión por ser rechazadas o discriminadas cuando se someten a servicios de aborto o incluso los solicitan. En particular, una afirmó que «Las mujeres, incluidas las trabajadoras sexuales, se enfrentan a la violencia emocional cuando intentan encontrar soluciones a los problemas o retos a los que se enfrentan durante los procesos de aborto». Otra añadió: «Algunas mujeres sufren violencia sexual por parte de sus parejas si se enteran de que han abortado. Esto se debe a que el gobierno dice que está mal abortar». Estas afirmaciones son claros indicios de que la restricción del aborto no es sólo una forma de violencia, sino también un factor de violencia.
Por ello, para combatir la violencia de género, debemos pensar de forma global, centrándonos en los derechos reproductivos inclusivos, incluido el acceso al aborto legal y seguro. Negar estos derechos perpetúa la violencia sistémica y erosiona los esfuerzos por desmantelar las dinámicas de poder que sostienen la violencia basada en género. La lucha contra la violencia basada en género es una lucha por el derecho humano fundamental a vivir libre de violencia, discriminación y estigma. Es una lucha por la igualdad, la dignidad, las libertades y la justicia para TODXS.
Por Resty M.K, Esther Chandiru, John Dei y Editah Kamagara en la Alliance of Women Advocating for Change, organización asociada al SAAF en Uganda.